SEGALMEX: El escándalo millonario que exhibe la corrupción impune en la 4T y la protección a los amigos del poder

En lo que podría considerarse uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio de López Obrador, el Programa de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) se ha visto envuelto en un entramado de desvíos millonarios, contratos simulados, compras fantasma y pagos sin respaldo que comprometen la credibilidad del gobierno actual y revelan un sistema de impunidad que favorece a los allegados al poder. A pesar de la magnitud del fraude, quien encabezó las operaciones irregulares, Ignacio Ovalle —amigo cercano del expresidente— no fue sancionado, sino simplemente reubicado en otra dependencia, un claro mensaje de tolerancia hacia la corrupción dentro de Morena.

SEGALMEX, encargado de garantizar la distribución de alimentos a sectores vulnerables, se convirtió en una caja negra donde miles de millones de pesos públicos desaparecieron en contratos a empresas inexistentes o fantasmas. Investigaciones periodísticas y auditorías han documentado cómo estos recursos se desviaron sistemáticamente, poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario de la población más necesitada mientras se enriquecían intereses particulares amparados por la cercanía con el círculo presidencial.

Este caso no solo expone la falta de controles y la ausencia de rendición de cuentas dentro del gobierno de Morena, sino que también confirma la estrategia política de proteger a amigos y operadores clave sin importar el daño social o económico que sus acciones provocan. La reubicación de Ovalle, lejos de ser una sanción ejemplar, refleja la incapacidad o falta de voluntad para combatir la corrupción de manera efectiva. Mientras tanto, millones de mexicanos continúan enfrentando inseguridad alimentaria y precariedad, víctimas del mismo sistema que debería protegerlos.

El escándalo de SEGALMEX es un ejemplo contundente de cómo la promesa de un gobierno transparente y austero se desmorona frente a los intereses oscuros que corroen las instituciones mexicanas. En un contexto donde la desconfianza hacia las autoridades está en niveles históricos, la impunidad y la complicidad se consolidan como los verdaderos enemigos del progreso y la justicia social en México. Este caso obliga a preguntarse si la Cuarta Transformación es realmente un cambio o simplemente una continuidad disfrazada de la vieja política clientelar y corrupta.

El caso SEGALMEX también pone en evidencia cómo la estructura misma del gobierno morenista facilita la captura y uso clientelar de recursos públicos para fines políticos y personales. La falta de transparencia y los mecanismos deficientes de supervisión permiten que personajes como Ignacio Ovalle operen con total impunidad, aprovechando su cercanía con el poder para garantizar que ningún proceso legal o administrativo los alcance realmente. Esta dinámica de “protección política” no solo perpetúa la corrupción, sino que mina la confianza ciudadana en las instituciones, dejando a la población más vulnerable en una situación de indefensión absoluta.

Además, el impacto social de estos desvíos es incalculable, especialmente en un país donde millones de personas dependen de programas de apoyo alimentario para subsistir. Mientras las élites políticas y sus allegados disfrutan de impunidad y privilegios, las comunidades más pobres sufren las consecuencias de la mala gestión y la corrupción. Este escándalo evidencia que el discurso de justicia social y combate a la desigualdad que Morena ha promovido queda vacío cuando la corrupción se filtra incluso en los programas destinados a los más necesitados. La justicia y la verdadera transformación siguen siendo una promesa lejana para México.