Reforma constitucional amplía prisión preventiva: extorsión y fentanilo en la lista, delitos fiscales y narcomenudeo excluidos

La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La iniciativa incluyó nuevas adiciones, como la extorsión y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo, una de las drogas sintéticas de mayor consumo y tráfico en el país. Sin embargo, delitos fiscales y el narcomenudeo, inicialmente considerados, fueron retirados en una decisión de último momento. Este cambio generó un debate de más de seis horas entre las distintas fuerzas políticas, resaltando las divisiones sobre la efectividad y equidad de la prisión preventiva.

La prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución, permite que personas acusadas de ciertos delitos sean detenidas de forma automática mientras enfrentan el proceso judicial. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 había cerca de 87 mil personas sin sentencia en cárceles mexicanas, el 44.3% de ellas bajo esta medida cautelar. Hasta el momento, este régimen incluía 16 tipos de delitos, entre los que ahora se suman la extorsión y cualquier actividad ligada al tráfico de fentanilo.

El debate se intensificó cuando la bancada de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propusieron eliminar el narcomenudeo y los delitos fiscales de la lista final. Según Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, la decisión de excluir estos delitos buscaba mantener la unidad nacional y responder a los sectores económicos que se oponían a la inclusión de delitos fiscales en el catálogo. Monreal señaló que, en sus reuniones con empresarios, le expresaron preocupaciones de que esta inclusión afectaría a sectores productivos del país. Añadió que, en un futuro cercano, el gobierno planea introducir una reforma fiscal profunda que busque la distribución equitativa de la riqueza.

La exclusión del narcomenudeo fue una decisión tomada, según Monreal, en respuesta a miembros de su bancada que abogaban por un enfoque social en el tratamiento de este problema. Argumentaron que la criminalización del narcomenudeo no solucionaba las causas profundas de la violencia asociada, y proponían, en cambio, medidas de integración y fortalecimiento del tejido social en las comunidades más afectadas.

Durante el debate, la oposición intentó persuadir a Morena para que redujera el número de delitos que ameritaran prisión preventiva, pero sus peticiones no lograron cambiar el rumbo de la votación, que concluyó con 335 votos a favor y 108 en contra. En el intercambio de argumentos, los morenistas recordaron que fue el expresidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), quien en 2008 impulsó la reforma original para implementar la prisión preventiva oficiosa. En respuesta, los legisladores del PAN criticaron la incoherencia de Morena al defender esta medida, que en el pasado había sido vista por la izquierda como represiva.

En tanto, Graciela Ortiz González, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó que Morena estuviera adoptando políticas que, según ella, iban en contra de los principios históricos de la izquierda. Recordó que muchas figuras de izquierda fueron perseguidas por gobiernos anteriores, y pidió a los legisladores de Morena recordar los valores por los que alguna vez habían luchado. “Apelo a la izquierda que alguna vez respeté para que no olvide sus principios”, expresó.

La reforma, aprobada en lo general y en lo particular, fue enviada al Senado para su análisis y posterior votación. En caso de obtener el visto bueno del Senado, necesitará ser ratificada en al menos 17 congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Este debate refleja las profundas divisiones políticas en torno a la prisión preventiva, una medida que para muchos ha sido controversial debido a los problemas estructurales del sistema penitenciario mexicano. Mientras unos defienden su eficacia como disuasorio en delitos graves, otros argumentan que contribuye a la sobrepoblación y dificulta la justicia, afectando principalmente a personas sin sentencia. La exclusión de ciertos delitos del catálogo podría influir en el futuro de la política criminal del país, especialmente en lo relativo a la política de seguridad y el enfoque preventivo que busca Morena.