Narcogobierno en Tabasco: Adán Augusto protegió al “Comandante H”, líder de La Barredora y encargado del huachicol en Dos Bocas

Documentos filtrados por Guacamaya Leaks y reportes de inteligencia militar publicados por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) revelan que Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, fue identificado desde 2021 como líder de la célula criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública de Tabasco, nombrado por Adán Augusto López en diciembre de 2019. Los informes señalan que Bermúdez estaba implicado en el robo de 38 millones de litros de combustible en el puerto de Dos Bocas, y aparece en un esquema central como cabeza de la red que coordinó ese saqueo masivo.

Pese a los avisos de inteligencia, incluido un reporte fechado el 12 de noviembre de 2019 que lo vinculaba con grupos criminales locales, Adán Augusto López no solo no actuó, sino que confirmó su nombramiento, lo que evidencia una tolerancia o encubrimiento evidente ante posibles nexos del crimen organizado en la administración estatal. La relación entre Bermúdez y el poder político se volvió tan evidente que delincuentes referían al “gobernador” como aliado del líder criminal, sin mencionar nombres, pero en contexto apuntando directamente a la cercanía política de Adán Augusto López. Incluso se documentan ataques violentos en diciembre de 2019 en Villahermosa, con mantas acusatorias y autos incendiados, señalando al exfuncionario como traidor de grupos criminales, lo que da cuenta del control territorial que ejercía desde el aparato público.

- Implicaciones políticas y de seguridad: ¿un narcogobierno de facto?

La inacción ante los vínculos de Bermúdez es interpretada como una señal clara de protección política deliberada, y, de acuerdo con el actual gobernador Javier May, representa una estructura criminal incrustada dentro del Gobierno de Tabasco bajo la supervisión de Adán Augusto López. Aunque la Fiscalía local abrió carpeta de investigación en noviembre de 2024 y emitió orden de arresto en febrero de 2025, Bermúdez ya había abandonado el país por rutas internacionales y es buscado por la Interpol en más de 190 países.

Este escándalo evidencia el riesgo inminente de convertir a Morena en un ente permeado por estructuras criminales, donde el nombramiento y protección de un funcionario señalado por la inteligencia militar refleja una falla sistémica en gobernabilidad y rendición de cuentas.

En 2022, dos años antes de que se emitiera la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, el grupo de hacktivistas Guacamaya filtró miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que revelaban una red de complicidades entre funcionarios morenistas y el crimen organizado. Uno de los reportes, fechado en 2021, identificaba directamente a Bermúdez como integrante del grupo criminal La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco. Pero la revelación más grave no solo lo implicaba a él: también se señalaba que el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández, habría autorizado —o al menos conocido— operaciones ilegales coordinadas desde su gabinete de seguridad.

Entre esas operaciones se encuentra el presunto asesinato de Andrés Rodríguez Vasconcelos, alias "El Kalimba", un conocido líder huachicolero ejecutado en diciembre de 2020. Según los documentos citados por el diario El País, la ejecución fue llevada a cabo por Benjamín Mollinedo Montiel, alias "El Pantera", con apoyo de oficiales de seguridad estatal y bajo la autorización del gobernador. En una comunicación interceptada por el CNI, un integrante del grupo Los Panteras afirmó que “El Pantera está con el gobierno, está con el gobernador”, y que habría recibido una “gratificación por un jale”. A pesar de la gravedad del señalamiento, Adán Augusto negó la autenticidad de los documentos, desestimándolos como parte de una campaña de la prensa “conservadora”, respaldado en su momento por el expresidente López Obrador, quien aseguró: “La gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos”. Estas declaraciones contrastan con el cúmulo de evidencias que hoy colocan a su administración bajo una fuerte sospecha de haber operado como un gobierno al servicio del narco.

El caso de Hernán Bermúdez y las filtraciones de Guacamaya señalan una crisis profunda en las instituciones públicas de Tabasco y, por extensión, del país. La estrecha relación entre funcionarios de alto nivel y grupos criminales no solo pone en riesgo la gobernabilidad, sino que socava la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Mientras el partido Morena y sus líderes insisten en negar estas evidencias, la realidad muestra un patrón de omisión, encubrimiento y complicidad que define un modelo de narcogobierno, donde la lealtad política prima sobre la justicia y la seguridad de la sociedad mexicana. Esta situación demanda no solo investigación y sanción, sino un cambio estructural que impida que el crimen organizado siga infiltrando las estructuras del poder.