Campeche en crisis social: violencia, abandono e impunidad a la alza bajo el mando de Layda

La inseguridad en Campeche ya no es una percepción, es una realidad que se vive día a día. A pesar de los discursos oficiales que aseguran que el estado es “uno de los más seguros del país”, los datos y los testimonios dicen otra cosa. Robos, desapariciones, feminicidios y violencia doméstica han ido en aumento, sin que haya una respuesta firme del gobierno estatal.

Los campechanos han denunciado una creciente sensación de abandono. Las patrullas son escasas, las llamadas de emergencia no son atendidas con prontitud, y los delitos rara vez se investigan o sancionan. Las víctimas se enfrentan a un sistema judicial inoperante, revictimizante y lento. La impunidad se ha convertido en la norma.

En comunidades rurales y colonias populares, la presencia del crimen organizado ha comenzado a hacerse visible. Mientras tanto, el gobierno de Layda Sansores insiste en negar la crisis, atribuyendo los problemas a factores externos o simplemente guardando silencio.

Familias enteras viven con miedo. Mujeres han alzado la voz ante el incremento de la violencia de género, pero sus denuncias son ignoradas. Jóvenes desaparecen sin que se inicie una búsqueda efectiva. El tejido social se descompone mientras las autoridades miran hacia otro lado.

Después del informe, los ciudadanos se dan cuenta que están abandonados por el gobierno de Layda. Esperaban, al menos, un mínimo de verdad y sólo recibieron cifras maquilladas. Porque en Campeche, la seguridad ya no existe, y el gobierno que prometió proteger al pueblo ha sido el primero en darle la espalda.